Proyecto Presunción de Inocencia en México

Para la ley, los adolescentes acusados no son «criminales»… pero lo son en las noticias

Marco Lara Klahr

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Al menos de forma primaria, la función del periodismo no es pedagógica, sino informativa. El abordaje noticioso sobre un cierto asunto de interés público y su difusión masiva, sin embargo, diseminan valores que dejan de ser inocuos al determinar visiones de la vida y el entorno social, y sucesivos comportamientos.

El Proyecto Presunción de Inocencia en México ─de la Campaña Global por la Justicia Previa al Juicio de Open Society Justice Initiative─ considera a los medios noticiosos y los periodistas cruciales en el éxito o fracaso de la reforma del sistema de justicia penal que ocurre en México, en los ámbitos federal y estatales, desde 2008.

Es por ello que observa y analiza de manera propositiva el modo como informan sobre el sistema judicial, la reforma correspondiente y las temáticas relacionadas con el delito y su persecución.

Siguiendo al caso del adolescente de 14 años detenido en Morelos [diciembre 4, 2010], acusado de participar, sin que se haya comprobado legalmente, en asesinatos por cuenta de una organización criminal, el 6 de diciembre [2010] el diario Reforma publicó la noticia «Alistan reforma para menores criminales».

Da cuenta, sin clarificarlo, de la inminente aprobación en el Senado de la Ley Federal del Sistema de Justicia para Adolescentes (para cumplir con la reforma constitucional de 2005). Pero tanto el encabezado como el lead tienen ya imprecisiones: 1) las personas mayores de 12 años y menores de 18, según el derecho internacional y el Artículo 18 constitucional, no son «menores», sino «adolescentes», un término que se aleja de la visión tutelar que concibe a los no adultos como inferiores; 2) según los mismos ordenamientos, los adolescentes en conflicto con la ley penal no son «criminales», sino «acusados» o «imputados», y no incurren en «delitos», sino en «conductas antisociales», y 3) el Sistema de Justicia para Adolescentes existe ya desde 2006 en la mayoría de los estados del país, tras la reforma al propio Artículo 18 constitucional de 2005, que impone la creación del sistema integral de justicia para adolescentes en sustitución del anacrónico «sistema tutelar de menores»; en realidad, lo que está en curso de dictaminen en el Senado es el marco legal del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes ─¡cuatro años después de vencido el plazo impuestos por aquella reforma para establecerlo!

En el primer párrafo, asimismo, tacha al adolescente acusado en Morelos de «niño sicario», violando su derecho a la presunción de inocencia, asentado en el Artículo 20 constitucional como el primero de los «derechos de toda persona imputada» ─un tribunal es la única autoridad competente para condenar a una persona acusada.

En el segundo párrafo se atribuye a legisladores entrevistados la idea de que la reforma en curso de discusión «no servirá para resolver el problema del creciente número de menores involucrados en actividades del crimen organizado». Al respecto, lo único que podría impedir la incorporación de niños y adolescentes a organizaciones criminales son políticas sociales integrales de prevención, educación, empleo, equidad y justicia. El sistema de justicia y las leyes penales permiten al Estado ─tal es su finalidad primordial─ proveer justicia poniendo a salvo los derechos de las víctimas y castigando en un marco de legalidad a los transgresores.

La información del diario Reforma añade que «A diferencia de la legislación vigente, los acusados deberán cumplir con la totalidad de su sentencia, ya que no serán puestos en libertad sólo por cumplir la mayoría de edad». Sobre esto hay que decir que 1) a nivel federal no existe «legislación vigente», sino que es la que está ahora procesándose en el Senado, y 2) hay estados como Morelos donde la Ley de Justicia para Adolescentes ya establece que, si es el caso, la pena privativa de la libertad debe ser aplicada en su totalidad al adolescente condenado, aun cuando alcance la mayoría de edad ─permaneciendo en el mismo centro de reclusión y no en uno para adultos.

Se atribuye al senador Tomás Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, la afirmación de que «el sistema vigente es sólo de carácter tutelar», cuando, como se ha dicho, el sistema tutelar desapareció formalmente tras la reforma de 2005 al Artículo 18 constitucional que dio nacimiento al sistema de justicia para adolescentes.

A lo largo del texto queda implícito el tema de los valores ─en este caso, criminalizantes de los adolescentes y antirreformistas─, incluido el uso de un mote para referirse al chico acusado en Morelos. Cierta ambigüedad impide discernir entre la perspectiva de las fuentes citadas y la de quien confeccionó la nota, pero deja entrever el riesgo manifiesto de que casos como éste sean usados a favor de tendencias contrarias a la reforma del sistema de justicia penal que permitirá a nuestro país, salvo que se frustre, transitar del obsoleto modelo inquisitorio al acusatorio, que si funciona adecuadamente puede proveer un sistema penal más justo.

[Dic. 9, 2010]


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